De una visión conjunta de las perspectivas epistemológicas marxista, de género e indígena se puede suponer que, en muchos aspectos, el derecho positivo es un instrumento de dominación y exclusión, producto de visión burguesa, machista y racista de la sociedad.
Su aplicación de forma arbitraria desvirtúa los principios de justicia, equidad, igualdad y libertad, sirviendo para que la clase dominante justifique su poder.
En México los obreros, las mujeres y los indígenas, individual o colectivamente, desprecian el derecho por que no les ha servido como medio para conseguir la seguridad jurídica, social y económica.
Las reservas que estos grupos sienten hacia el derecho los han orillado a constituir mecanismos de apoyo solidario en algunos ámbitos de la vida diaria, tales como:
ü Sindicatos, cooperativas o asociaciones mutualistas.
ü Grupos de autoayuda y de defensa de derechos humanos.
ü Fuentes de financiamiento informal como cajas de ahorro, tandas o ventas por catálogo.
Los integrantes de dichas colectividades, sin importar niveles socioeconómicos, comparten ciertos hábitos sociales, como la conmemoración de ciertas fechas cívicas y religiosas, la celebración de actos y ritos sociales o familiares, la integración a grupos de aficionados a algún deporte, etc.
Cuando existen elementos de identidad fuertes, los integrantes del grupo aprecian más los valores morales comunes y la solidaridad entre integrantes, que al propio derecho.
Con el tiempo, el Estado ha reconocido parcialmente la necesidad de brindar cierta protección jurídica a estos grupos, en tal razón ha incorporado a las leyes laborales, familiares y sociales mecanismos para procurar evitar la discriminación por género, condición económica u origen étnico.
La situación de estos grupos varía de acuerdo a cada país, en algunos casos existen gremios de obreros que han logrado incrementar notablemente sus niveles de vida al elevar su productividad, dentro de empresas de alta tecnología (Estados Unidos o Japón). En otros casos, la mujer está plenamente asimilada a la sociedad (países escandinavos) y a los indígenas o minorías étnicas se les ha reconocido como pueblos originarios (Australia) o se ha procurado compensarlo al otorgarles diversos grados de autonomía para autogobernarse de acuerdo a sus usos y costumbre (reservaciones en Estados Unidos y Lapones en Finlandia y Suecia).
Si el Estado busca suprimir las desigualdades debe atender a los valores culturales de cada grupo, haciendo que el derecho sea un mecanismo de integridad social.
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